ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC7669-2017
Radicación n° 68001-31-10-002-2010-00809-01
(Aprobado en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veinte (20) noviembre de dos mil diecisiete (2017).-
Decide la Sala la admisibilidad de la demanda presentada por MARTHA ROCÍO, YENNY PAOLA y ANA MARÍA URIBE AYALA, JOSE LUIS DUARTE AYALA, DIANA CAROLINA PORRAS RUEDA y MIGUEL FRANCISCO NARVÁEZ OBREGÓN para sustentar el recurso de casación que interpusieron contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso ordinario de petición de herencia que les siguió ESPERANZA URIBE DE CAMACHO, MARTHA CECILIA URIBE PEÑA y JORGE ENRIQUE URIBE PEÑA, este último representado por sus hijos JORGE IVÁN y LAURA GISELA URIBE PEÑA.
ANTECEDENTES
1. Los promotores pidieron declarar que (fls. 3 a 16 del c. 1):
(i) Tienen derecho a la herencia que dejó su madre Ana Belén Peña de Uribe, sin perjuicio del que asiste a Carlos Ramón Uribe Peña representado por sus hijas Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala.
(ii) Carecen de valor y efecto y, por lo tanto, son ineficaces: el auto de 5 de mayo de 2003 del Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga que decretó la posesión efectiva de la herencia a favor de estas últimas; la inscripción de este proveído en las matrículas inmobiliarias 314-15563, 314-1818, 314-2727 y 314-12709; la partición y adjudicación aprobada por sentencia de 11 de julio de 2003 del mismo Despacho, protocolizada en la escritura número 850 de 19 de febrero de 2004 de la Notaría Tercera de esa ciudad; y la venta del último de los inmuebles, realizada por escritura 3147 de 20 de diciembre de 2010 de la Notaría Sexta de la mentada capital a Miguel Francisco Narváez Obregón (20%), José Luis Duarte Ayala (40%) y Diana Carolina Porras Rueda (40%).
(iii) Los convocados son poseedores de mala fe.
(iv) El trabajo aprobado mediante el aludido fallo debe rehacerse para redistribuir entre todos los sucesores, en proporción a su respectivo derecho, los bienes y los frutos que estos hayan producido.
En consecuencia de la prosperidad de las anteriores súplicas, solicitaron oficiar a las dependencias públicas pertinentes para que tomen nota de lo resuelto en los respectivos instrumentos y folios, e invaliden el traspaso derivado de la adjudicación del automotor de placas IC-031.
Reclamaron, igualmente, declarar “[q]ue procede la reivindicación” en su beneficio y, en consecuencia, sus oponentes deben restituirles los bienes y pagarles el setenta y cinco por ciento (75%) de sus frutos indexados hasta la ejecutoria del fallo y de ahí en adelante con intereses comerciales de mora.
Por último, deprecaron que se condene en costas a los enjuiciados.
En subsidio, pretendieron declarar que el decreto de posesión efectiva también los cobija a ellos en un veinticinco por ciento (25%) a cada uno y, por ende, así deberá registrarse.
2. La causa para pedir viene de los episodios narrados por los accionantes, que enseguida se compendian (fls. 7 a 13):
2.1. Del matrimonio de Ana Belén Peña con Juan Bautista Uribe Uribe nacieron Jorge Enrique, Esperanza, Martha Cecilia y Carlos Ramón Uribe Peña; este último, quien falleció antes de su progenitora, dejó como herederas a sus hijas Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala.
2.2. Las tres prenombradas, en representación de su padre, adelantaron la sucesión intestada de su abuela, omitiendo “informar al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga que había otros legitimarios y por tanto herederos”, cuya ubicación conocían, Despacho que el 5 de mayo de 2003 decretó a favor de ellas la posesión efectiva de la herencia, y después ordenó la partición, trabajo que fue aprobado en sentencia de 11 de julio de 2003, protocolizada en la escritura pública número 850 de 19 de febrero de 2004 de la Notaría Tercera de Bucaramanga.
2.3. No obstante que en dichos actos quedó relacionada “una serie de bienes”, entre ellos, “cuantiosos frutos inexistentes”, el activo real consiste en el dominio pleno de tres predios y un automotor, y la mitad de un inmueble y de otro rodante.
2.4. Por estar ejerciendo el señorío de esos activos -en virtud de la venta de la nuda propiedad que les hiciera en vida Ana Belén Peña de Uribe y que fue declarada simulada judicialmente-, iniciaron junto con Alix Parra Mantilla una demanda de pertenencia contra Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala, quienes presentaron demanda de reconvención, reivindicatoria. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga desestimó las súplicas del libelo inicial, y acogió las de mutua petición, determinación que confirmó el Tribunal de la misma ciudad.
2.5. Mientras intentaban llegar a un arreglo con las convocadas y su apoderado, el 20 de diciembre de 2010 estas enajenaron uno de los predios a dicho mandatario (20%), a su primo José Luis Duarte Ayala (40%) y a Diana Carolina Porras Rueda (40%), por valor de “$133.276.500, cuando el inmueble tiene un valor superior a los $800.000.000”.
3. Los convocados dieron contestación de la demanda de la siguiente forma:
3.1. Martha Rocío, Jenny Paola y Ana María Uribe Ayala se opusieron a las pretensiones y excepcionaron de mérito: “Los bienes materia de esta demanda no pertenecen a la herencia de Ana Belén Peña de Uribe, por decisión judicial de prescripción”, “Imposibilidad absoluta de que [los mencionados demandados] sean poseedoras de mala fe”; “Los frutos civiles no se han producido pues los demandantes, a la fecha de hoy, son los que detentan lo [sic] bienes y se han negado a cumplir las sentencias judiciales”; “Los bienes a que se contraen las pretensiones […] no son bienes herenciales”; “Imposibilidad de pagar frutos civiles sobre bienes que no se tienen ni siquiera a título de mera tenencia por ser los demandantes los tenedores de los bienes que han sido objeto de pronunciamiento jurisdiccional, y, menos, indexados lo que hace también improcedente [sic] las pretensiones señaladas en la excepción anterior” e “Imposibilidad de la acción reivindicatoria de la herencia y de los bienes herenciales pretendidas [sic] por los demandantes, por ausencia total de los presupuestos legales para la procedencia de la acción reivindicatoria” (fls. 519 a 532, c. 1).
3.2. Miguel Francisco Narváez Obregón, José Luis Duarte Ayala y Diana Carolina Porras Rueda también repelieron las aspiraciones de sus contradictores y formularon las defensas de fondo que denominaron: “Ninguno de los bienes sobre los cuales recae esta demanda pertenece a la sucesión de la señora Ana Belén Peña de Uribe”; “Ausencia absoluta de mala fe por parte de quienes adquirimos el inmueble de la calle 10 No. 8-42 de Piedecuesta y reitera mala fe por parte de los demandantes y del abogado Hernando Gómez Guarín”; “No es cierto que (…) hayamos recibido los frutos civiles del inmueble de nuestra propiedad, desde el veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011); e “Improcedencia de la acción reivindicatoria de la herencia y de los ‘bienes herenciales’, por ausencia de sus presupuestos legales” (fls. 538 al 347).
3.3. Ambos grupos de accionados propusieron la excepción previa de cosa juzgada, que el 16 de julio de 2012 fue resuelta negativamente (c. 3).
4. Surtida la primera instancia del proceso, el 21 de mayo de 2014 el Juzgado de Familia de Descongestión de Bucaramanga le puso fin, mediante sentencia que:
(i) Desestimó las defensas de fondo.
(ii) Declaró que los demandantes, en concurrencia con Martha, Yenny y Ana María Uribe Ayala, representantes de su padre Carlos Ramón Uribe Peña, tienen vocación para heredar a Ana Belén Peña de Uribe.
(iii) Señaló que son ineficaces los actos de adjudicación, liquidación y protocolización en la respectiva sucesión, así como la compraventa que aquellas hicieron a favor de Miguel Francisco Narváez Obregón, José Luis Duarte Ayala y Diana Carolina Porras Rueda.
(iv) Ordenó cancelar los respectivos registros, rehacer la partición y restituir a la masa hereditaria los bienes, así como sus frutos sin intereses, pero indexados, desde la contestación de la demanda respecto de Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala por estimar que actuaron de buena fe, y desde el 20 de diciembre de 2010 en el caso de Miguel Francisco Narváez Obregón, Luis José Duarte Ayala y Diana Carolina Porras Rueda por considerar que obraron de mala fe.
(v) Se abstuvo de pronunciarse sobre la aspiración relacionada con la ineficacia del decreto de posesión efectiva y su registro, así como de incluir a los demandantes en él.
(vi) Condenó en costas a los perdedores (fls.792 al 828).
5. Apelada por ambas partes, el 19 de mayo de 2015 el Tribunal la “confirmó”, salvo en lo relacionado a la condición en la que actuaron algunos enjuiciados y los frutos, aspectos que en definitiva quedaron así: “Se declara que las demandadas Martha Rocío Uribe Ayala, Yenny Paola Uribe Ayala y Ana María Uribe Ayala obraron como herederas de mala fe. Y se deniega la condena a restituir los frutos, por cuanto no aparece demostrado que los bienes se hallen materialmente en manos de los demandados” (fls. 74 al 98 del c. 9).
6. Inconformes con la resolución, los convocados interpusieron recurso de casación que, una vez concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, fue sustentado oportunamente con el escrito que es objeto de examen por el apoderado común que designaron para el efecto (fls. 29 y 91 al 94 íd. y 5 al 19, Corte).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Los argumentos centrales para resolver el caso se condensan así:
1. Como ambas partes apelaron, no hay limitación para la resolución del recurso, sin que esté en discusión “la pretensión de petición de herencia, en sí misma”.
2. Miguel Francisco Narváez Obregón, José Luis Duarte Ayala y Diana Carolina Porras Rueda alegan que no son poseedores de mala fe “por desconocer… lo ya resuelto en el proceso de pertenencia donde triunfó la reivindicación”, sin que el sólo hecho de que el primero supiera los antecedentes de los mismos sea suficiente para concluir aquello, “en tanto la mera expectativa de que pueda haber un pleito futuro no impide enajenar un bien inmueble”, amén de que la cuota parte que se le adjudicó fue para pagarle sus honorarios.
Aunque por sí solos dichos actos no son constitutivos de mala fe, ésta radica en el “conocimiento de la situación jurídica previa de los bienes y, aun así, celebrar la negociación, bajo el albur de que ese pleito eventual no ocurra”, incluso si el negocio fue verdadero y cumplieron sus prestaciones.
3. Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala aducen que los bienes perseguidos perdieron la calidad de “herenciales” debido a que fueron objeto de la sentencia que las declaró dueñas y ordenó reivindicarlos a su favor, planteamiento “completamente equivocado y alejado de nuestro régimen jurídico de bienes”, pues, excepto en los juicios divisorios, la sentencia judicial no es título ni modo para adquirir el dominio (artículo 765 del Código Civil), al punto que en los pleitos de pertenencia el título en realidad es la “prescripción”. El argumento de aquellas, además de contra legem, es ingenuo “porque pretende legitimar con una sentencia sobre otro tema, nada menos que el título de adquisición, cuando el objeto de un proceso reivindicatorio jamás es el de obtener una sentencia que constituya título traslaticio en sí misma, pues para reivindicar el demandante ha de esgrimir el título de dominio…”.
No se necesita desconocer el fallo que ordenó la reivindicación para concluir que el título de adquisición fue la adjudicación en la sucesión, y no tendría sentido reconocer a los demandantes su derecho a la herencia y a la vez decirles que los bienes allí repartidos, en manos de los demás herederos, son intocables.
4. Carece de coherencia la providencia del a-quo cuando “por el mismo hecho, [a] los terceros demandados (que no son herederos) se les considera de mala fe, mas no así a las propias demandadas, quienes fueron las personas que dieron origen a la problemática que se ventila en este expediente”. Con mayor razón, estas últimas conocían la existencia de otros herederos, y a pesar de ello no procuraron vincularlos al sucesorio; “sabían que al enajenar los bienes estaban usando un instrumento que podría echar al traste los intereses de los demás herederos” denotando “una protuberante mala fe, que no se justifica por el hecho de que para recuperar los bienes hubiesen tenido que acudir a un proceso declarativo de simulación, con el fin de desbaratar los actos poco ortodoxos que el otro grupo de herederos construyó, pues ese asunto ya fue juzgado”, incluso, resultando “las aquí demandadas gananciosas”.
5. Los accionados contestaron que no se han producido frutos a su favor, porque sus contradictores son reticentes a cumplir la sentencia reivindicatoria, “con lo cual no habría lugar a condena” por ese concepto. Sin embargo, el tema no queda sin resolver, comoquiera que los herederos deben solucionarlo “o bien al momento de la partición, o bien mediante otro mecanismo, ya que los frutos no son, propiamente, bienes herenciales”.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los recurrentes atacan la sentencia del Tribunal con un cargo fundado en el numeral 2º del artículo 336 de la Ley 1564 de 2012.
CARGO ÚNICO
Con este, se denuncia el quebranto indirecto, por falta de aplicación, de los artículos 2512, 2513, 2517, 2518, 2527, 2528, 2529, 2531 y 2532 del Código Civil, y la aplicación indebida de los preceptos 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769 ídem, y 164, 165, 166, 167, 243, 244, 245 y 257 del Código General del Proceso, como consecuencia de un error de hecho.
En el desarrollo de la impugnación se asevera:
1. El desatino deriva de no haberse “examinado detenidamente” por parte del ad-quem la sentencia de 13 de octubre de 2007 dictada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga en el proceso ordinario de pertenencia con demanda de reconvención reivindicatoria, formulado por Jorge Enrique, Martha Cecilia Uribe Peña, Esperanza Uribe de Camacho y Alix Parra Mantilla contra Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala, misma en la que se les reconoció a los últimos el dominio pleno y absoluto de los bienes comprometidos en el litigio, determinación confirmada el 8 de septiembre de 2008 por el Tribunal, que únicamente modificó lo relativo a frutos.
2. El juzgador de segundo grado “deduce de la sentencia reivindicatoria…”, que conforme al artículo 765 del Código Civil la misma “no forma[…] un nuevo título para legitimar la posesión”, ignorando que “se trata de manera ostensible de una sentencia fundamentada en el derecho de propiedad, que no de la posesión de las Stas. Uribe Ayala, en donde se ratifica su derecho de dominio ante la conducta de mala fe de los demandantes…y en consecuencia es manifiesto que el sentenciador de segundo grado incurre en el primer evento en una suposición de la prueba, esto es, una sentencia de carácter posesorio sin existir prueba de ella en los autos”.
3. Lo anterior trajo como consecuencia “la desfiguración total del medio probatorio”, que derivó en una conclusión contraevidente, esto es, “niega la existencia del proceso de pertenencia que adelantaron los demandantes por prescripción adquisitiva de dominio, y la prosperidad de las excepciones adelantadas por los demandados…”.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso, en íntegro vigor a partir del 1º de enero de 2016, “…los recursos… se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”, de manera que el aquí propuesto los días 26 y 28 de mayo de 2015, se disciplina por el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo complementaron y modificaron.
Por lo mismo, la referencia que a las normas del Código General del Proceso hacen los recurrentes, se entenderán realizadas, mientras ello sea pertinente, por sus equivalentes del Código de Procedimiento Civil.
2. De acuerdo con el numeral tercero del artículo 374 del precitado estatuto, el escrito de casación debe contener “(…) la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.
3. Al analizar el libelo reseñado, la Corte encuentra que el único embate no satisface las exigencias formales y técnicas mínimas que posibiliten su admisión, por cuanto en su planteamiento hay desenfoque y carece de precisión y claridad. En efecto:
3.1. En la formulación de los cargos fundada en la causal primera de casación, el recurrente debe atender la naturaleza de las reflexiones que llevaron al Tribunal a adoptar la decisión reprochada, bien por haberse centrado en aspectos probatorios, en tópicos meramente jurídicos, o en una conjunción de ambos.
Dentro del respectivo marco argumentativo, al casacionista le corresponde identificar entonces la índole de dicha fundamentación, y en ella el yerro endilgado, para así estructurar su acusación de manera idónea, certera y suficiente, como para derruir las bases de la decisión que combate.
Será, por lo tanto, indudable e ineludible que el impugnante enfoque acertadamente sus acusaciones para satisfacer a cabalidad la exigencia de claridad y precisión en su proposición, consagrada en el numeral 3º del artículo 374 ibídem.
Al respecto, ha señalado esta Corporación:
“[C]uando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario. Sobre estos aspectos, la Sala ha expuesto que ‘el ordinal 3º del artículo 374 del C. de P.C., establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación, la formulación ‘de los cargos contra la sentencia recurrida... en forma clara y precisa’, es decir, con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (o en caso de la casación per saltum del a quo), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, según el caso, la acerada presunción de legalidad y acierto con que llega amparada -a esta Corporación- la sentencia recurrida. (…). El recurso de casación -ha dicho la Corte- ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (…). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia (…)’ (Cas. Civ., sentencia de 10 de diciembre de 1999, expediente No. 5294). En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que respaldan la decisión combatida (CSJ, auto del 19 de diciembre de 2012, Rad. n.° 2001-00038-01).
En ese sentido, la jurisprudencia también tiene dicho que
Como se trata de dos especies antagónicas e irreconciliables de violación de la ley sustancial, no le es dado al recurrente acudir indistintamente a una o a la otra, es decir, que no queda librado a su arbitrio escoger alguna, sino que su elección la imponen las circunstancias precisas de cada caso, por manera que le corresponderá necesariamente sustentar sus imputaciones por la vía directa cuando los errores atribuibles al juzgador hubiesen ocurrido en un plano de estricta juridicidad. En cambio, cuando abrigue discrepancias respecto de la cuestión fáctica, el recurrente debe acudir a la vía indirecta acogiendo, desde luego, los rigurosos cauces formales que para el efecto señala la ley, (CSJ SC, 8 de feb. de 2002, rad 6019). Se subraya.
3.2. En la providencia atacada, frente a la alegación de los demandados acerca de que los bienes relacionados perdieron la calidad de herenciales al ser objeto de una sentencia que declaró dueñas a Martha Rocío, Yenny Paola y Ana María Uribe Ayala y dispuso su reivindicación, el Tribunal expuso que
El planteamiento es completamente equivocado y alejado de nuestro régimen jurídico de bienes. La sentencia judicial no es ni título ni modo para adquirir el dominio de un bien (con excepción de las sentencias de adjudicación en procesos divisorios) de acuerdo lo que prescribe el artículo 765 del Código Civil. Conforme con el inciso tercero de la mentada disposición “las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman un nuevo título para legitimar la posesión”. Ni siquiera en los procesos de pertenencia la sentencia constituye título, con todo y que, precisamente, como en el caso, la sentencia suele pregonar en su parte resolutiva que se declara que el demandante es dueño; pero es obvio que el título es la prescripción, al tenor de la misma norma comentada, y no la sentencia. El planteamiento defensivo de las demandadas por esta vertiente, además de ir contra legem, es incluso ingenuo, se necesitaría pasar por alto el artículo 765 para estimar exitosa esta defensa, porque pretende legitimar con una sentencia sobre otro tema, nada menos que el título de adquisición, cuando el objeto de un proceso reivindicatorio jamás es el de obtener una sentencia que constituya título traslaticio en sí misma, pues para reivindicar el demandante ha de esgrimir el título de dominio, uno de los presupuestos de éxito de esa pretensión. De manera que no se necesita desconocer la sentencia del juzgado que ordenó la reivindicación para llegar a la conclusión de que el título de adquisición de las demandadas fue la adjudicación en sucesión, no la mentada sentencia, la cual, de paso, de ninguna manera impide que se reconozca a los demandantes su condición de herederos y su derecho a recoger la herencia en los bienes que fueron objeto de la adjudicación herencial, pues obviamente carecería de sentido que a alguien se le reconozca la calidad de heredero, pero se le diga que los bienes que fueron objeto de adjudicación en el sucesorio, en manos de los demás herederos, son intocables (salvo que, en realidad, se hubiese presentado alguna forma de prescripción que ni sucedió aquí, ni fue alegada). Destacado adrede.
Confrontado el anterior trasunto con lo que ahora se aduce en el embate planteado, se advierte que los impugnantes equivocaron el camino para plantear el ataque, comoquiera que versando dichos argumentos del Tribunal sobre una cuestión puramente jurídica, cual fue la de determinar que el fallo dictado en el juicio reivindicatorio no constituía un nuevo título de dominio diferente al de adjudicación en sucesión ostentado por los reivindicantes, ellos optaron por aducir, con ostensible desenfoque, un error de hecho en el “examen” del veredicto dictado en el citado juicio de pertenencia con demanda de reconvención reivindicatoria, muy a pesar de que el ad-quem en ningún momento puso en duda su existencia, y que para elaborar su razonamiento partió de la base cierta de haberse acogido allí las súplicas de la acción de dominio.
Así las cosas, las consideraciones esenciales de la decisión de segunda instancia, sin entrar a calificar su corrección, implicaron apreciaciones de carácter rigurosamente jurídico, por lo que la eventual discusión que podría presentarse, debió ser planteada por la senda directa, por referirse a un presunto error iuris in iudicando.
Vano resulta, pues, el esfuerzo de los recurrentes en intentar demostrar la comisión de un desatino de hecho consistente en preterir la prueba documental, concretamente la sentencia del mentado proceso de pertenencia con mutua petición reivindicatoria, puesto que como acaba de verse, el contenido del pronunciamiento impugnado reconoció la existencia de ese fallo y de lo allí resuelto en favor de los reivindicantes.
Siendo manifiesto el desenfoque o asimetría en la sustentación del recurso, dado que los cuestionamientos no guardan armonía con la genuina argumentación elaborada por el Tribunal, no hay manera de concluir nada diferente a la inadmisión de la demanda, dado que como lo ha doctrinado la Corte, la única crítica admisible en esta sede es aquélla que presenta una “adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque…” (G. J., t. CCLVIII, pag.294)
3.3. Por lo demás, si en gracia de discusión se asintiera que el reproche debía situarse en el campo de lo fáctico, el cargo no deja de carecer de precisión y claridad, siendo que comienza por dolerse de la “falta de apreciación de las pruebas documentales”, pero no bien avanza radica la censura en que el ad-quem no examinó “detenidamente” los mentados fallos; e inmerso en la “demostración” denuncia una “suposición de la prueba, esto es una sentencia de carácter posesorio sin existir prueba de ella en los autos”. Enseguida retorna por los fueros de la preterición, pero a renglón seguido menciona una “desfiguración del medio probatorio”.
Por supuesto que semejante recorrido de acusaciones por las diversas formas incompatibles en que el juzgador podría cometer un yerro fáctico, atenta radicalmente contra su claridad y precisión, razón de más para no admitir su trámite.
4. Cumple señalar que desde otra perspectiva resulta improcedente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso al libelo estudiado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero: INADMITIR la demanda presentada por MARTHA ROCÍO, YENNY PAOLA, ANA MARÍA URIBE AYALA, JOSE LUIS DUARTE AYALA, DIANA CAROLINA PORRAS RUEDA y MIGUEL FRANCISCO NARVÁEZ OBREGÓN para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpusieron contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso ordinario de petición de herencia que les adelantó ESPERANZA URIBE DE CAMACHO, MARTHA CECILIA URIBE PEÑA y JORGE ENRIQUE URIBE PEÑA, este último representado por sus hijos JORGE IVÁN y LAURA GISELA URIBE PEÑA.
Segundo: Se reconoce personería al abogado Álvaro Leal Landazábal como apoderado de los accionados Miguel Francisco Narváez Obregón, José Luis Duarte Ayala y Diana Carolina Porras Rueda, en los términos del poder de sustitución conferido.
Tercero: Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
Ausencia justificada
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA